El 15 de septiembre de 2024, México promulgó uno de los cambios institucionales más trascendentes de su historia moderna: una reforma constitucional que reemplaza el poder judicial basado en designaciones con un sistema de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte electos por voto popular. El primer año completo de operación bajo este nuevo sistema es 2026.

Para los inversionistas extranjeros, esta reforma no es principalmente una historia política. Es una historia financiera.

El sistema judicial es la infraestructura a través de la cual se ejecutan los contratos, se resuelven las disputas regulatorias, se protegen los derechos de propiedad y se hacen valer las protecciones a la inversión. Cuando esa infraestructura cambia, el perfil de riesgo de cada inversión que depende de ella cambia con ella.

La pregunta para los inversionistas no es si la reforma es buena o mala política. La pregunta es cuánto cuesta — en términos financieros medibles — operar, invertir y hacer valer derechos en México bajo el nuevo marco judicial. Qué cambió realmente Bajo el sistema anterior, los jueces federales y ministros de la Suprema Corte eran seleccionados mediante procesos de designación profesional que enfatizaban credenciales legales, desarrollo de carrera e independencia institucional. El sistema era imperfecto — los críticos citaban corrupción, ineficiencia e influencia política — pero operaba dentro de un marco que los inversionistas internacionales entendían y podían modelar.

La reforma reemplaza este marco por completo. Los jueces federales, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte ahora serán electos por voto popular. La transición comenzó con elecciones en junio de 2025 y continúa con rondas adicionales programadas hasta 2027.

La calificación profesional ya no es el criterio principal de selección. Los jueces electos deben cumplir requisitos legales mínimos, pero su camino al cargo pasa por un proceso electoral — incluyendo financiamiento de campaña, movilización de votantes y las dinámicas políticas que acompañan cualquier elección. La Asociación Internacional de Abogados ha expresado preocupación de que este proceso pueda exponer al poder judicial a la influencia de partidos políticos y, potencialmente, de grupos del crimen organizado.

La independencia judicial es estructuralmente diferente. Los jueces designados derivan su autoridad de procesos institucionales diseñados para aislarlos de la presión política. Los jueces electos derivan su autoridad de los votantes — lo que significa que su estructura de incentivos incluye consideraciones sobre reelección, percepción pública y el entorno político.

La continuidad institucional se ha interrumpido. El período de transición en sí mismo genera incertidumbre. Jueces experimentados están siendo reemplazados. Nuevos jueces están aprendiendo sus funciones. Los rezagos de casos del paro judicial de 2024 permanecen sin resolver. La capacidad práctica del sistema judicial para procesar disputas comerciales complejas durante este período de transición está disminuida.

Cómo se traduce esto en exposición financiera

Los inversionistas extranjeros interactúan con el sistema judicial de México de maneras específicas y medibles. La reforma judicial afecta cada uno de estos puntos de interacción, y la exposición financiera en cada punto puede estimarse.

Incertidumbre en la ejecución de contratos. Cuando una empresa extranjera celebra un contrato con una contraparte mexicana, la ejecutabilidad de ese contrato depende en última instancia del sistema judicial. Bajo el nuevo sistema, la previsibilidad de la interpretación judicial es menor — no porque los jueces electos sean necesariamente menos competentes, sino porque el marco institucional que anteriormente anclaba la toma de decisiones judiciales ha sido reemplazado por uno con un historial más corto y dinámicas de incentivos diferentes. La exposición financiera: primas de riesgo de litigio más altas, plazos de resolución de disputas más largos y mayor incertidumbre en la valuación de contratos.

Reconocimiento y ejecución de arbitrajes. Muchos inversionistas extranjeros incluyen cláusulas de arbitraje en sus contratos, utilizando sedes como la CCI, LCIA o CIADI para la resolución de disputas. Sin embargo, la ejecución de laudos arbitrales internacionales dentro de México aún depende de los tribunales locales.

Expertos legales han recomendado que los inversionistas especifiquen cada vez más sedes de arbitraje fuera de México — como Nueva York o Houston — para asegurar un marco procesal estable. Pero incluso con arbitraje en el extranjero, la ejecución dentro de México introduce riesgo residual vinculado a la disposición del juez local que maneje la petición de ejecución.

Resolución de disputas regulatorias. Las empresas en sectores regulados interactúan frecuentemente con agencias gubernamentales cuyas decisiones pueden impugnarse mediante revisión judicial (el proceso de amparo). La reforma ha modificado el proceso de amparo, reduciendo la capacidad del poder judicial para suspender la aplicación de leyes consideradas inconstitucionales y limitando protecciones que anteriormente se extendían a terceros.

La exposición financiera: capacidad reducida para impugnar acciones regulatorias que aumentan costos operativos, limitan el acceso al mercado o imponen cargas de cumplimiento.

Protecciones de tratados de inversión. México es parte de tratados bilaterales de inversión y del capítulo de inversión del T-MEC. La reforma judicial no modifica directamente estas obligaciones de tratados, pero cambia el entorno legal doméstico en el que operan. Si la reforma resulta en un deterioro suficiente para constituir una violación de los estándares de trato justo y equitativo, los inversionistas extranjeros podrían recurrir al arbitraje internacional — pero tales procedimientos son largos, costosos e inciertos.

Lo que dicen los mercados de crédito

El riesgo de inversión no es una abstracción — es valorado por los mercados. Moody’s rebajó la perspectiva soberana de México de estable a negativa en noviembre de 2024, citando específicamente la reforma judicial. La agencia calificadora declaró que la reforma constitucional arriesga erosionar los pesos y contrapesos institucionales del país, con potencial impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal.

Firmas consultoras han estimado que la inversión podría caer significativamente por debajo de los pronósticos base como resultado de la reforma. Morgan Stanley rebajó a México a ponderación inferior en agosto de 2024 durante el período inicial de la reforma.

Estas señales del mercado confirman que los participantes institucionales están incorporando el riesgo de la reforma judicial en sus evaluaciones de México — y cualquier inversionista que no esté haciendo lo mismo está operando con un modelo de riesgo incompleto.

Qué deberían hacer los inversionistas ahora La reforma judicial no es reversible en el corto plazo. Es el entorno operativo. La pregunta práctica para los inversionistas no es si les gusta sino cómo la incorporan.

Revisar las protecciones contractuales. Cada contrato que rige una inversión u operación en México debe evaluarse contra el nuevo marco judicial. Las cláusulas de resolución de disputas, disposiciones de elección de ley, selección de sede de arbitraje y mecanismos de ejecución requieren reevaluación.

Modelar la exposición financiera. Los riesgos descritos anteriormente — incertidumbre en ejecución de contratos, riesgo de ejecución de arbitrajes, exposición en disputas regulatorias y costos de protección de tratados de inversión — son cada uno cuantificables. Pueden estimarse como rangos, asignárseles probabilidades e incorporarse en modelos de inversión.

Aumentar el peso de la debida diligencia de gobernanza. En un entorno judicial de transición, la calidad de la infraestructura de gobernanza de una empresa objetivo — sus mecanismos internos de resolución de disputas, la robustez de su programa de cumplimiento, la estructura de supervisión de su consejo — se vuelve más importante cuando las protecciones judiciales externas son menos confiables.

Establecer monitoreo. El impacto práctico de la reforma judicial se desarrollará a lo largo de años. Los inversionistas con exposición existente en México deben establecer un marco de monitoreo que rastree patrones de decisiones judiciales, tiempos de ejecución y cambios en el proceso de resolución de disputas regulatorias.

El costo de no cuantificar

La reforma judicial introduce incertidumbre en un sistema del que los inversionistas internacionales han dependido durante décadas. Esa incertidumbre tiene un costo financiero. El costo puede estimarse, modelarse e incorporarse en las decisiones de inversión.

Usted sabe que la reforma judicial cambia su riesgo en México. Pero ¿cuánto le cuesta ese cambio financieramente?

Los inversionistas que responden esa pregunta con un número tomarán mejores decisiones de asignación de capital que aquellos que la responden con una narrativa. Los números pueden ser inciertos. Los rangos pueden ser amplios. Pero un rango amplio es infinitamente más útil para un comité de inversión que ningún rango en absoluto. Chan García Abogados Asesoría Independiente en Riesgo Regulatorio y Exposición Financiera — México

Ayudamos a los inversionistas a cuantificar el impacto financiero de los cambios de gobernanza y regulatorios — incluyendo la reforma judicial — en sus inversiones y operaciones en México.

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BIBLIOGRAFÍA

1. Mayer Brown LLP. “Mexico’s Controversial Judicial Reform Takes Effect.” Octubre 2024 (actualizado marzo 2025). mayerbrown.com. — Fuente para: Reforma firmada el 15 de septiembre de 2024; reemplazo del poder judicial basado en designaciones con elección popular; preocupación de la IBA sobre influencia de partidos políticos y crimen organizado; rebaja de Morgan Stanley a ponderación inferior agosto 2024; estimación de Oxford Economics de caída de inversión del 12%; paro judicial de agosto 2024; modificaciones al proceso de amparo.

2. Moody’s Ratings. Acción de calificación reportada por Associated Press y Reuters, 15 de noviembre de 2024. — Fuente para: Rebaja de perspectiva soberana de estable a negativa; declaración de que la reforma judicial “arriesga erosionar los pesos y contrapesos del sistema judicial del país, con potencial impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal de México”; evaluación de calidad institucional ya baja relativa a pares de calificación.

3. Prodensa. “Legal Reforms in Mexico 2026.” Abril 2026. prodensa.com. — Fuente para: 2026 como primer año completo del poder judicial electo; recomendación de especificar sedes de arbitraje fuera de México (Nueva York, Houston); ejecución de laudos arbitrales dependiendo de jueces locales; modificaciones al amparo limitando protecciones a terceros.

4. Chambers & Partners. “Private Equity 2025 — Mexico.” practiceguides.chambers.com. — Fuente para: Cambios judiciales concurrentes elevando la importancia de debida diligencia legal en etapas tempranas; jueces recién electos creando incertidumbre sobre especialización; fiscalización intensificada incluyendo multas aumentadas por incumplimiento.

5. ICLG. “Private Equity Laws and Regulations 2025–2026: Mexico.” iclg.com. — Fuente para: Plazos de debida diligencia de uno a tres meses; categorización de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas elevando la conciencia sobre debida diligencia y programas de cumplimiento sólidos.